Ángela Perversa

La semana pasada la Comisión Colombiana de Juristas ofreció un seminario sobre la famosa ley de Justicia y Paz, caballo de batalla del saliente presidente Álvaro Uribe Vélez, llamado "Cuatro temas de discusión sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, desde la perspectiva de los derechos de las víctimas". Los cuatro temas discutidos -"Continuación de la estructuras paramilitares en Colombia"; "Impunidad"; "Impactos psicosociales del paramilitarismo sobre las víctimas- tutela El Salado"; y "Reparación de las víctimas, restitución de tierras"- permiten una conclusión única e incontrovertible: ni justicia, ni paz, ni mucho menos reparación han sido los intereses principales del gobierno que termina en los próximos días.

Para empezar, tenemos que saber que la ley de Justicia y Paz se erige sobre mentiras innegables como la de las garantías de no repetición: para todos es claro hoy en día que cuando el presidente Uribe anunció que a quienes continuaran ejerciendo actividades criminales en las zonas de control para militar les caería "todo el peso de la ley" estaba formulando a lo sumo, una metáfora. Es claro también que dichas garantías son inexistentes cuando pensamos en lo que el mismo Álvaro Uribe Vélez ha dado en llamar "bandas delictivas emergentes" operan en los mismos territorios antes controlados por las AUC y se caracterizan por estrategias aún más violentas. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que los más de 10.000 miembros que conforman "Los urabeños", "Los paisas", "Los rastrojos", entre otros, son un número despreciable y no podemos negar tampoco que su objetivo es el mismo del supuestamente desaparecido paramilitarismo: hacerse cargo del negocio del narcotráfico. La relación entre este gobierno y el negocio citado resulta turbia si consideramos que sólo a un mes de terminarse este periodo, el 1 de julio de 2010, se expide un decreto (2374) para enfrentar a las bandas delictivas emergentes. ¿Por qué hasta ahora?

Otra de las mentiras patentes que podemos observar es la de la no-amnistía y el no-indulto. De 4600 postulados al proceso de Justicia y Paz sólo 266 han ido a audiencia. Los más, no han tenido que responder sino por haber pertenecido a la organización de las AUC debido a su colaboración con la justicia, a que no aparecen procesos en su contra y a que se "comprometen" a cesar con cualquier tipo de actividad ilícita y, por favor, a la desarticulación de la organización a la que pertenecían. Tal clase de impunidad es más censurable que cualquier tipo de indulto y es así como Turbequía, Báez, Laverde, "Carecuchillo" y algunos otros desmovilizados reciben penas irrisorias o subsidios del Estado. La famosa comisión de Justicia y Paz no es más que un chiste cruel que no se encarga de revisar que los desmovilizados cumplan los requisitos para acogerse al citado proceso. Un circo que permitió que la AUC se desmovilizaran sin reportar oficialmente a un sólo menor de edad en sus filas, que ni un sólo niño fuera entregado al ICBF cuando según datos del Defensoría del Pueblo el 20% de los desmovilizados eran menores de edad.

Esta invisibilización por parte del mismo gobierno no puede ser entendida más que como una treta para burlar a la Corte Penal Internacional. Entre tanto, las formas de reclutamiento y control social de las famosas bandas emergentes siguen siendo iguales a las de sus "predecesores".

La ley de Justicia y Paz ha patrocinado la impunidad de todas las formas en las que le ha sido posible y nos ha negado a los colombianos el derecho a la verdad, otra de sus mentiras. En palabras de Luis Sepúlveda Reyes, por ejemplo: "La verdad se fue con la extradición y eso, es impunidad". Así las cosas, tenemos que escuchar al comisionado de Justicia y Paz decirnos que el país no está preparado para la verdad como si eso lo absolviera a él y al gobierno saliente en general de la revictimización a la que someten a las víctimas, valga la redundancia, al no reconocerlos como merecedores de justicia.

En esta línea de ideas quisiera recordar al saliente presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 20 de julio al referirse a la ley 975 como la ley de justicia, paz y "reparación". Es increíble que se hable de reparación en un país en el que la política de seguridad democrática arrasó con las reservas campesinas y extendió su modelo de desarrollo agrario gracias al desplazamiento pues éste fue el que le permitió desarrollar sus famosas acciones de "acompañamiento del desarrollo alternativo". Lo que no se dice en voz alta es que estos planes se desarrollaron con campesinos que no poseen títulos de las tierras, que se comprometen a remplazar los cultivos y de este modo quedan en manos de la justicia; por otra parte, campesinos que firman acuerdos con empresas que los obligan a la provisión exclusiva. Una forma de esclavitud moderna. Así y todo, se nos llenó la boca celebrando el bicentenario de la independencia.

¿Y qué pasa cuando esos modernos esclavos deben ser remplazados, cuando ya no sirven, cuando hablan, cuando reclaman? Habría que preguntárselo a los campesinos que yacen el cementerio clandestino del Campo Magdalena, a los de las miles de fosas comunes del Urabá antioqueño o, si se quiere información más recientes, a los muertos del cementerio clandestino de La Macarena que pretender tapar con hojitas y palitos.

Sé que la mayoría de los lectores no se ven a sí mismos como víctimas del conflicto. Pero lo son. Lo somos. Y no podemos permitir que nos digan que no estamos preparados para la verdad. Así no sea lo que queramos escuchar, así prefiramos ver mujeres semidesnudas en revistas de soft-porn o ver telenovelas basadas en los cuentos de hadas del gobierno.